JORNADA DE ESTUDIO

Se estima que entre 1938 y 1996 se sustrajeron 300.000 recién nacidos y menores en España. Este delito que se inicia al final la Guerra con los huérfanos y los hijos de presas políticas del bando republicano, continua luego con criterios cada vez más clara y crudamente mercantiles, sobre todo a partir de los años 60 y hasta bien entrada la democracia, en diferentes clínicas y hospitales de España.

La dimensión y la gravedad de estos hechos no ha impedido que, hasta no hace mucho tiempo, fueran sistemáticamente negados y ocultados en nuestro país y, si bien el afianzamiento de nuestra democracia y los efectos de la actividad de las víctimas y de los investigadores, han permitido que el fenómeno empezara a visibilizarse, queda pendiente un reconocimiento de estos delitos por parte de la sociedad y del Estado español. Especialmente el compromiso del Estado en garantizar un marco legal y normativo que permita a las víctimas de estos atentados acceder a cuanta documentación esté disponible para aclarar las condiciones de su nacimiento y la identificación de sus progenitores, en unos casos, o el destinos de sus hijos desaparecidos en otros.

No es un asunto menor, además, dedicar un esfuerzo al establecimiento y tipificación de los delitos cometidos, o a la consideración del daño infligido a las víctimas y de las reparaciones debidas. Una primera aproximación a quienes sufrieron estos atropellos, en tanto que madres o como hijos, permite localizar los efectos y las marcas del trauma vivido, así como la pervivencia a lo largo de sus vidas, de un sufrimiento y un dolor vinculados a los recuerdos de las escenas que mantienen abierta la herida, como a los obstáculos que encuentran cuando deciden iniciar una búsqueda para verificar de su identidad o para localizar a sus hijos desaparecidos.

La Jornada de trabajo que organizamos para el próximo día 26 de abril, tiene como objetivo situar y contextualizar los hechos; tratar la dimensión jurídica de los delitos, su dimensión antropológica y los efectos en la subjetividad de quienes los padecieron y promover su visibilidad, reconocimiento a nivel social y el compromiso del Estado para asegurar un marco legislativo que trate adecuadamente estos delitos.